El Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de inaplicabilidad presentado contr…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2020
Resumen
El Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de inaplicabilidad presentado contra el artículo 196 ter, inciso primero, parte final, de la Ley de Tránsito, que establece la suspensión de la ejecución de la pena sustitutiva por un año. Aunque la mayoría del tribunal consideró inicialmente que la norma era desproporcionada y atentaba contra la igualdad y el debido proceso, al producirse un empate de votos no se alcanzó la mayoría exigida por la Constitución para declarar la inaplicabilidad. En consecuencia, se mantuvo la vigencia de la norma para el caso concreto, se alzó la suspensión del procedimiento y no se condenó en costas al requirente por haber tenido motivo plausible para litigar.
Normas citadas
artículo 196 ter, inciso segundo, de Ley N° 18.290
Tribunal ConstitucionalINApenas sustitutivasley de control de armasPrincipio de proporcionalidad de la PenaIgualdad ante la LeyDeterminación de la penaReinserción social
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si el Tribunal Constitucional empata en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento porque, aunque la mayoría inicialmente consideró desproporcionada la norma, el empate de votos impidió alcanzar la mayoría exigida por la Constitución para declarar la inaplicabilidad. Por eso se mantuvo la vigencia de la norma para el caso concreto.
¿Se puede condenar en costas a quien presenta un requerimiento de inaplicabilidad que es rechazado?
En este caso, el Tribunal Constitucional no condenó en costas al requirente, porque consideró que tuvo motivo plausible para litigar. Así, aunque el requerimiento fue rechazado, no se le impusieron costas.
¿Qué efecto tiene la inaplicabilidad rechazada sobre el procedimiento judicial en curso?
En este caso, al rechazarse el requerimiento se alzó la suspensión del procedimiento que se había decretado, de modo que el juicio puede seguir su curso. La norma impugnada, el artículo 196 ter de la Ley de Tránsito, siguió aplicándose al caso concreto.
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