Resumen
La Contraloría General de la República tomó razón del decreto N° 24, de 2012, del Ministerio de Educación, que aprueba un convenio entre ese ministerio y el Instituto de Chile, por estimarlo ajustado a derecho. Sin embargo, formuló un alcance: conforme a la glosa 07 de la asignación 184 del presupuesto de la Subsecretaría de Educación para ese año, el acuerdo debe contener las acciones a desarrollar, las metas, el plazo y la forma de rendir cuenta del uso de los recursos transferidos, y los gastos del anexo deben vincularse con las finalidades del pacto. El órgano considera que el instrumento examinado cumple esos requisitos, por lo que la toma de razón se practicó con dicho alcance.