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La Contraloría General de la República tomó razón del decreto N° 24, de 2012, del Minis…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2012

Resumen

La Contraloría General de la República tomó razón del decreto N° 24, de 2012, del Ministerio de Educación, que aprueba un convenio entre ese ministerio y el Instituto de Chile, por estimarlo ajustado a derecho. Sin embargo, formuló un alcance: conforme a la glosa 07 de la asignación 184 del presupuesto de la Subsecretaría de Educación para ese año, el acuerdo debe contener las acciones a desarrollar, las metas, el plazo y la forma de rendir cuenta del uso de los recursos transferidos, y los gastos del anexo deben vincularse con las finalidades del pacto. El órgano considera que el instrumento examinado cumple esos requisitos, por lo que la toma de razón se practicó con dicho alcance.

ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Qué debe contener un convenio entre un ministerio y una institución privada para recibir transferencia de recursos públicos según la Contraloría?

En este caso, la Contraloría General de la República tomó razón del decreto que aprueba el convenio, pero con alcance, exigiendo que el acuerdo contenga las acciones a desarrollar, las metas, el plazo y la forma de rendir cuenta del uso de los recursos transferidos. Además, los gastos del anexo deben vincularse con las finalidades del pacto.

¿Puede la Contraloría tomar razón de un decreto de convenio con un alcance en lugar de rechazarlo?

En este caso, el organismo estimó el decreto ajustado a derecho y tomó razón con un alcance, ya que el instrumento examinado cumplía los requisitos exigidos por la glosa presupuestaria correspondiente. Por ello, la toma de razón se practicó con dicho alcance.

¿Qué exige la glosa presupuestaria a los convenios que transfieren recursos de la Subsecretaría de Educación?

En este caso, la Contraloría señaló que la glosa 07 de la asignación 184 del presupuesto de la Subsecretaría de Educación exige que el acuerdo contenga las acciones, metas, plazo y forma de rendir cuenta del uso de los recursos. El organismo consideró que el convenio examinado cumplía esas exigencias.

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