Resumen
La Contraloría General de la República tomó razón del decreto N° 384, de 2010, del Ministerio de Educación, que aprueba un convenio con la Municipalidad de Santiago, por estimarlo ajustado a derecho. Hizo presente, sin embargo, que los recursos transferidos deben destinarse al pago de las rentas de las prórrogas de los contratos de arrendamiento que la municipalidad mantiene con el Banco de Chile para el funcionamiento del Liceo de Aplicación, y no a financiar nuevos contratos. Asimismo, advirtió que la demora entre el inicio de las prórrogas (1 de enero de 2010) y la dictación del acto que dispone la transferencia constituye una infracción a los principios de eficiencia, economía procedimental y celeridad de los artículos 5° y 8° de la ley N° 18.575, por lo que ordenó adoptar medidas para evitar retrasos similares. Finalmente, aclaró que la suma a traspasar es de $244.800.000, según la cifra consignada en el convenio, y no la expresada en letras.