Resumen
La Contraloría General de la República tomó razón de los decretos N°s 479 y 480, de 2010, del Ministerio de Educación, que aprueban convenios con la I. Municipalidad de Santiago para financiar obras que permitan a determinados establecimientos educacionales recuperar su normal funcionamiento. El organismo los declaró ajustados a derecho, pero hizo presente dos observaciones: el plazo para que el Ministerio se pronuncie sobre la documentación presentada por el sostenedor es de 20 días hábiles, según la cláusula quinta, letra b), y no el indicado en el Título III, numeral 3.2 del anexo; y la personería de la representante municipal consta en el Reglamento Alcaldicio N° 342, y no en la forma señalada en la cláusula decimoquinta de los convenios.