Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre si una municipalidad debe devolver los derechos pagados por el examen que toma a quienes quieren obtener una licencia de conducir, cuando el postulante reprueba o se desiste del trámite. El órgano concluyó que, una vez rendido el examen, la municipalidad no está obligada a devolver lo pagado, porque ha prestado efectivamente un servicio al poner en marcha el procedimiento legal que determina la aptitud para conducir, ya sea para obtener la licencia o para acreditar que se siguen cumpliendo los requisitos para mantenerla vigente. Para fundarlo, invocó el decreto N° 170, de 1985, que regula el otorgamiento de licencias, y el artículo 40 del decreto ley N° 3.063, que considera derechos municipales las prestaciones que las municipalidades otorgan y que deben pagarse, cuyo monto se fija en las ordenanzas municipales según el artículo 42. Por ello, el dictamen reconsideró el criterio anterior contenido en el dictamen N° 59.616, de 2006, y toda jurisprudencia contraria, incluidos los dictámenes N°s. 11.724, de 1984; 43.702, de 1988; 5.854, de 1987; 25.761, de 1993; 31.230, de 1994; 8.023, de 1999; 40.654, de 2000 y 37.360, de 2001.