Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la improcedencia de que un municipio cobre nuevamente derechos municipales a un postulante a licencia de conductor que ya había pagado por esos conceptos, en el contexto de un procedimiento de obtención de licencia. Asimismo, analizó la vigencia de los informes previstos en los artículos 13 y 14 de la ley N° 18.290, concluyendo que el plazo de 30 días de validez de dichos informes tiene por objeto que el Director de Tránsito y Transporte Público Municipal califique la idoneidad moral del postulante, pero no es un requisito para la decisión del Juez de Policía Local, quien aprecia la prueba en conciencia. Por ello, aunque la resolución del juez que acoge el reclamo del artículo 15 se dicte una vez expirado ese plazo, el director municipal no puede exigir nuevos informes si los tenidos a la vista estaban vigentes al momento de su emisión. Ello sin perjuicio de que el director adopte medidas para que el juez tenga oportunamente los antecedentes, conforme a los artículos 16 y 17 de la ley N° 18.290 y al decreto N° 170, de 1985, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. La Contraloría remitió además fotocopias de dictámenes anteriores sobre la relación entre los Jueces de Policía Local y las unidades municipales.