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La empresa Aguas del Valle S.A. dedujo un requerimiento de inaplicabilidad por inconsti…

Sentencia · Corte de Apelaciones · 2025

Resumen

La empresa Aguas del Valle S.A. dedujo un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, impugnando la última frase del artículo 32 de la Ley 18.902, que prohíbe recurrir contra las resoluciones de la Corte de Apelaciones en reclamaciones de ilegalidad contra la Superintendencia de Servicios Sanitarios. La empresa sostiene que dicha prohibición vulnera el debido proceso y la igualdad ante la ley, garantizados en el artículo 19, números 2 y 3, de la Constitución Política, al generar una discriminación arbitraria frente a otras materias donde sí proceden recursos. El requerimiento se vincula con una gestión pendiente ante la Corte Suprema, por lo que se solicita la suspensión del procedimiento respectivo, además de tener por acompañados los documentos que acreditan la personería y la gestión pendiente, y se pide la realización de alegatos si se estima necesario.

Normas citadas

  • Artículo 32, Ley 18.902
  • Artículo 93 número 6, Constitución Política de la República
  • Artículo 19 número 2, Constitución Política de la República
  • Artículo 19 número 3, Constitución Política de la República
  • Artículo 82 inciso 3, DFL Nº 5 de 2010
  • Artículo 42 inciso final, Ley Nº 17.997
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Preguntas frecuentes

¿Puede el Tribunal Constitucional suspender un procedimiento cuando se presenta un requerimiento de inaplicabilidad vinculado a una gestión pendiente?

En este caso, la empresa solicitó la suspensión del procedimiento ante la Corte Suprema, dado que el requerimiento se vincula con una gestión pendiente en ese tribunal. El resumen no indica cómo resolvió el Tribunal Constitucional esa petición.

¿Qué derechos constitucionales pueden invocarse para cuestionar la falta de recursos contra una resolución judicial en materia sanitaria?

En este caso, la empresa fundó su impugnación en el artículo 19 números 2 y 3 de la Constitución, que garantizan la igualdad ante la ley y el derecho a un procedimiento y una investigación racionales y justos. El resumen no contiene el razonamiento final del tribunal sobre esos argumentos.

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