El Consejo para la Transparencia acogió por unanimidad un amparo de acceso a la informa…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2018
Resumen
El Consejo para la Transparencia acogió por unanimidad un amparo de acceso a la información pública contra el Ministerio de Salud, que había alegado que las variables sobre tipo de parto y nombre del establecimiento de nacimiento no estaban disponibles en las bases de datos del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS). El Consejo resolvió que dichas variables debían obrar en poder del órgano, atendidas sus competencias legales y el interés público de la información para el control social y la elaboración de políticas públicas en la materia. En consecuencia, ordenó a la Subsecretaría de Salud Pública entregar las bases de datos de nacimiento para los períodos 1996-2015 con las variables tipo de parto (vaginal o cesárea) y nombre de establecimiento (1996-2010 y 2014-2015), en un plazo de 20 días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada, bajo apercibimiento legal.
Normas citadas
Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada
amparoDecisión de FondoSalud
Preguntas frecuentes
¿Un organismo público puede negarse a entregar información estadística alegando que no la tiene en sus bases de datos?
En este caso, el Consejo para la Transparencia rechazó esa defensa y resolvió que las variables solicitadas sí debían obrar en poder del órgano, atendidas sus competencias legales. Por eso acogió el amparo y ordenó la entrega de la información.
¿Se puede obtener acceso a bases de datos de nacimientos del DEIS con variables como tipo de parto?
En este caso, el Consejo ordenó a la Subsecretaría de Salud Pública entregar las bases de datos de nacimiento de 1996 a 2015 con las variables tipo de parto y nombre de establecimiento. Lo fundó en el interés público de la información para el control social y la elaboración de políticas públicas.
¿Cuál es el plazo para cumplir una orden del Consejo para la Transparencia de entregar información pública?
En este caso, el Consejo fijó un plazo de 20 días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada para entregar la información, bajo apercibimiento legal. Si no se cumple, se aplican las consecuencias que la ley prevé.
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