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La Corte de Apelaciones acogió el reclamo de ilegalidad interpuesto por el recurrente e…

Sentencia · Corte de Apelaciones · 2020

Resumen

La Corte de Apelaciones acogió el reclamo de ilegalidad interpuesto por el recurrente en contra de la resolución del Consejo para la Transparencia que ordenó al Instituto de Salud Pública entregar copia de los estudios de bioequivalencia de fármacos utilizados en salud mental y neurología. El tribunal consideró que dicha información constituye un activo económico sobre el cual recae un derecho de igual naturaleza, cuyo valor comercial deriva de su carácter reservado, por lo que su divulgación afectaría los derechos económicos y comerciales de las empresas titulares. En consecuencia, revocó la decisión del Consejo y denegó el acceso a la información solicitada.

Normas citadas

  • Ley de Transparencia (artículos 21 N° 1, 28 y siguientes)
  • Ley sobre protección de la vida privada
  • Ley Nº 19.880 (artículo 59)
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Preguntas frecuentes

¿Procede entregar estudios de bioequivalencia de medicamentos mediante una solicitud de acceso a la información pública en Chile?

En este caso, la Corte de Apelaciones acogió el reclamo y revocó la resolución del Consejo para la Transparencia que ordenaba su entrega, denegando el acceso. Consideró que estos estudios son un activo económico protegido por un derecho de igual naturaleza, cuya divulgación afectaría los derechos económicos y comerciales de las empresas titulares.

¿Puede negarse el acceso a información pública por afectar derechos económicos o comerciales de terceros?

En este caso, la Corte sostuvo que la información de bioequivalencia tiene valor comercial derivado de su carácter reservado, por lo que su divulgación afectaría derechos económicos de las empresas titulares. Con ese fundamento, acogió el reclamo de ilegalidad y denegó la entrega.

¿Cómo se pronuncia la jurisprudencia sobre el acceso a estudios regulatorios de fármacos en poder del Instituto de Salud Pública?

La Corte de Apelaciones, en este caso, revocó la decisión del Consejo para la Transparencia que ordenaba entregar copia de los estudios de bioequivalencia de fármacos de salud mental y neurología. El tribunal denegó el acceso porque la información constituye un activo económico cuya divulgación afectaría a las empresas titulares.

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