Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la situación de una funcionaria de Gendarmería de Chile, quien impugnó un cometido funcional dispuesto por su superioridad, alegando que constituía una sanción encubierta sin debido proceso. El órgano contralor determinó que el cometido funcionario es una atribución privativa del jefe de servicio, ejercida discrecionalmente para la buena administración, y no una medida disciplinaria. En el caso concreto, se verificó que la servidora mantuvo su grado y funciones similares, por lo que no se advirtió irregularidad. No obstante, se recordó a la autoridad que el cometido debe ser temporal y no convertirse en una separación permanente del cargo. Respecto a una eventual transgresión de obligaciones funcionarias, se indicó que ello es materia de una investigación interna en curso, por lo que no correspondía pronunciamiento anticipado.