Resumen
La Contraloría General de la República analizó la juridicidad de las bases de licitación de la obra pública fiscal "Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación", en particular el artículo 1.10.4, que permite a la concesionaria ofrecer servicios complementarios, entre ellos el de custodia y RTE, también a municipios que no suscribieron el convenio mandato. El órgano concluyó que esa disposición forma parte del ordenamiento que rige la relación entre el Ministerio de Obras Públicas y el concesionario, sin que se advierta infracción a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Recordó que la habilitación y mantención de depósitos de vehículos retirados de circulación es función propia de las municipalidades, que pueden encargarla a un particular mediante concesión conforme al artículo 8° de la Ley 18.695, sujeta a sus reglas. Por ello, y dado que las bases fueron aprobadas y tomadas razón por ajustarse a derecho, no acogió la reclamación.