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La Contraloría General de la República se pronunció sobre la obligación de municipalida…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2023

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre la obligación de municipalidades y concesionarias respecto de vehículos retirados de circulación destinados a remate. Señaló que la prestación del servicio de recintos para dichos vehículos es una función pública municipal, pudiendo ejecutarse directamente o mediante concesión. El concesionario debe recabar la mayor información posible para identificar los vehículos y sus propietarios aparentes. Las municipalidades solo pueden rematar un vehículo si adquieren la convicción de que no tiene propietario aparente, para lo cual deben solicitar un informe a Carabineros de Chile. En consecuencia, tanto la concesionaria como la municipalidad deben efectuar las averiguaciones necesarias para obtener información sobre los vehículos ingresados, a fin de proceder a su remate.

Normas citadas

  • Ley 18290 art/56
  • ley 18290 art/92 ley 18290 art/173 inc/3
  • ley 18290 art/174
  • ley 18695 art/8
  • ley 18695 art/4 lt/j
  • DL 3063/79 art/43
  • ley 18575 art/5
ContraloríaCGRdictamengenera jurisprudencia

Preguntas frecuentes

¿Puede una municipalidad rematar un vehículo retirado de circulación si no sabe quién es su dueño?

En este dictamen, la Contraloría sostuvo que la municipalidad solo puede rematar el vehículo si adquiere la convicción de que no tiene propietario aparente, para lo cual debe solicitar un informe a Carabineros de Chile.

¿Quién debe encargarse de averiguar los datos de los vehículos retirados de circulación que van a remate?

La Contraloría señaló que tanto la concesionaria como la municipalidad deben efectuar las averiguaciones necesarias para obtener información sobre los vehículos ingresados, y que el concesionario debe recabar la mayor información posible para identificarlos y a sus propietarios aparentes.

¿El servicio de recintos para vehículos retirados de circulación puede concesionarse a privados?

En este caso, la Contraloría indicó que la prestación de ese servicio es una función pública municipal que la municipalidad puede ejecutar directamente o mediante concesión.

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