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La Contraloría General de la República desestimó una reclamación presentada contra una…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2016

Resumen

La Contraloría General de la República desestimó una reclamación presentada contra una observación de la Dirección de Obras Municipales de Las Condes, que exigía el cumplimiento del artículo 38 del plan regulador comunal respecto de distanciamientos en un anteproyecto. El órgano concluyó que el lote donde se sitúa el proyecto se emplaza íntegramente en el área E-Am1', por lo que no resultaba aplicable el artículo 2.1.21 de la OGUC, relativo a terrenos afectos a dos o más zonas. Asimismo, se descartó el alegato sobre el plazo de atención de solicitudes de acceso a información pública, por tratarse de un dictamen de control de legalidad, no de una respuesta regida por la ley N° 20.285. En consecuencia, se confirmó la observación municipal.

Normas citadas

  • dto 47/92 Vivie art/1/2/2
  • dto 47/92 Vivie art/2/1/21 inc/1
  • dto 47/92 Vivie art/2/6/3 inc/fin
  • ley 20285 art/14
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Se aplica el artículo 2.1.21 de la OGUC cuando un terreno se ubica íntegramente dentro de una sola zona del plan regulador?

En este caso, la Contraloría General de la República sostuvo que, al emplazarse el lote íntegramente en la zona E-Am1', no resultaba aplicable el artículo 2.1.21 de la OGUC, que se refiere a terrenos afectos a dos o más zonas.

¿Puede la Dirección de Obras Municipales exigir el cumplimiento del artículo 38 del plan regulador comunal sobre distanciamientos en un anteproyecto?

En este caso, la Contraloría confirmó la observación municipal que exigía cumplir el artículo 38 del plan regulador comunal sobre distanciamientos, tras desestimar la reclamación presentada contra ella.

¿La ley de transparencia y su plazo de respuesta se aplican a un dictamen de control de legalidad de la Contraloría?

En este caso, la Contraloría descartó el alegato sobre el plazo de atención de solicitudes de acceso a información pública, porque el pronunciamiento era un dictamen de control de legalidad y no una respuesta regida por la ley N° 20.285.

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