Resumen
La Contraloría General de la República conoció un reclamo de una funcionaria sancionada tras un sumario administrativo, que la Dirección de Atención Primaria del Servicio de Salud Metropolitano Central aprobó mediante la resolución N° 5.123 de 2011. La funcionaria alegaba, entre otros puntos, que no se acogieron la citación de testigos y el careo que solicitó en sus descargos. El organismo constató que la fiscalía no se pronunció sobre esas diligencias, lo que constituye un vicio, pero concluyó que no afectó la validez del sumario ni incidió sustancialmente en lo resuelto, pues los hechos imputados, consistentes en malos tratos a funcionarios de su dependencia, estaban acreditados por su propia declaración y por otros testimonios. Además, la Contraloría recordó que el fiscal no está obligado a acoger todas las diligencias solicitadas. Por esas razones, cursó la resolución por encontrarse ajustada a derecho y desestimó la presentación.