La Contraloría General de la República se pronunció sobre la procedencia de que un prof…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2015
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la procedencia de que un profesional de la educación, autorizado para desempeñarse como educador diferencial, acceda a la titularidad en la dotación docente conforme a la ley N° 20.804. El dictamen establece que la normativa concede el beneficio a quienes ejercen funciones de docencia de aula en los niveles de enseñanza parvularia, básica o media, sin distinguir la modalidad educativa en que se imparta, incluyendo la educación especial o diferencial. Por lo tanto, los educadores diferenciales que laboran en aula común o de recursos, o con cargo a la subvención escolar preferencial, pueden acceder a la titularidad si cumplen los demás requisitos legales. Se ordenó a la Municipalidad de Mostazal adoptar las acciones correspondientes e informar a la Contraloría Regional en un plazo de veinte días hábiles.
Normas citadas
DFL 2/2009 educa art/17
dfl 2/2009 educa art/22 dfl 2/2009 educa art/23
ley 20804
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Puede un educador diferencial acceder a la titularidad docente según la ley 20.804?
En este dictamen, la Contraloría sostuvo que la ley 20.804 no distingue la modalidad educativa, por lo que un educador diferencial que ejerce docencia de aula en parvularia, básica o media puede acceder a la titularidad si cumple los demás requisitos legales.
¿El educador diferencial que trabaja en aula de recursos o con subvención escolar preferencial tiene derecho a la titularidad?
Según este pronunciamiento, sí: los educadores diferenciales que laboran en aula común, en aula de recursos o con cargo a la subvención escolar preferencial pueden acceder a la titularidad si cumplen los demás requisitos legales.
¿Qué debe hacer la municipalidad cuando la Contraloría se pronuncia sobre titularidad docente?
En este caso, la Contraloría ordenó a la Municipalidad de Mostazal adoptar las acciones correspondientes e informar a la Contraloría Regional en un plazo de veinte días hábiles.
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Dictamen · Contraloría General de la República · 2015
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