Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la regularización de un inmueble efectuada al amparo del decreto ley N° 2.695, de 1979. El organismo señaló que, en contra de la inscripción conservatoria dispuesta a favor del beneficiario, solo procede interponer las acciones judiciales que ese cuerpo legal contempla, por lo que no le compete emitir pronunciamiento sobre el fondo. No obstante, advirtió que el beneficiario no cumplía con el requisito de posesión continua y exclusiva, sin violencia o clandestinidad, durante los cinco años previos a su solicitud, pues existieron otras presentaciones en tramitación respecto del mismo inmueble. En consecuencia, ordenó al Ministerio de Bienes Nacionales iniciar los procedimientos disciplinarios pertinentes para investigar las responsabilidades derivadas de dicha situación.