La Corte Suprema rechazó el recurso de casación en el fondo interpuesto por el recurren…
Sentencia · Corte Suprema · 2012
Resumen
La Corte Suprema rechazó el recurso de casación en el fondo interpuesto por el recurrente contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que confirmó la decisión de la Dirección General de Aguas (DGA) de denegar la autorización para explorar aguas subterráneas en la comuna de San Pedro de Atacama. El recurrente argumentó que la DGA excedió sus facultades al exigir una resolución de calificación ambiental para todo el polígono solicitado, incluso para las áreas no superpuestas con sitios protegidos. La Corte Suprema desestimó el recurso, considerando que la DGA actuó conforme a la normativa aplicable, particularmente la Ley 19.800 y el Código de Aguas, y que el interés público ambiental comprometido justifica la exigencia del informe favorable para toda el área solicitada cuando hay superposición parcial con zonas protegidas. Asimismo, se consideró que la Resolución DGA N° 425 de 2007 establece válidamente los requisitos para la exploración de aguas subterráneas, y que la autoridad no incurrió en infracción legal. En consecuencia, se mantuvo la decisión adversa al recurrente.
Normas citadas
Art. 17 letra i) Ley 19.800
Art. 8 inc. 1° Ley 19.300
Art. 9 inc. 1° Ley 19.300
Art. 10 letra p) Ley 19.300
Art. 58 Código de Aguas
Art. 1 Código Civil
Art. 12 Código Civil
Art. 40 Ley 19.800
aguasCorte Suprema
Preguntas frecuentes
¿Es válida la Resolución DGA N° 425 de 2007 que establece los requisitos para explorar aguas subterráneas?
En este caso, la Corte Suprema estimó que la Resolución DGA N° 425 de 2007 establece válidamente los requisitos para la exploración de aguas subterráneas y que la autoridad no incurrió en infracción legal al aplicarla.
¿Cuándo procede el recurso de casación en el fondo contra una decisión de la DGA que deniega una autorización de exploración de aguas?
En este caso, la Corte Suprema rechazó el recurso de casación en el fondo interpuesto contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que confirmó la denegación, por considerar que no existió infracción legal ni exceso de facultades de la DGA.
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