Resumen
La Contraloría General de la República se abstuvo de dar curso al decreto N° 175, de 2012, del Ministerio de Obras Públicas, que modificaba, por razones de interés público, las características de las obras y servicios del contrato de concesión del Centro de Justicia de Santiago. La modificación ordenaba a la concesionaria contratar un peritaje técnico para determinar los costos de conservación, mantenimiento, explotación y operación del equipamiento modificado del sistema de clima. El organismo concluyó que el decreto no se ajustaba a derecho: el artículo 19 de la Ley de Concesiones de Obras Públicas permite estas modificaciones solo por razones de interés público, y no se advirtió la concurrencia de dichas razones. Además, la fundamentación contenida en el considerando N° 5 del acto no bastó para justificar la modificación, criterio que aplicó en base a dictámenes anteriores de la propia Contraloría.