Resumen
La Contraloría General de la República representó el decreto N° 256, de 2012, del Ministerio de Obras Públicas, que modificó por razones de interés público las características de las obras y servicios del contrato de concesión del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago y aprobó el Convenio Complementario N° 4. El órgano fiscalizador se abstuvo de dar curso al decreto porque este encargaba a la concesionaria, en representación del Ministerio, contratar un estudio sobre instalaciones de aviación corporativa y, luego, financiar y construir las obras derivadas de él. Según el dictamen, tales servicios se incorporaban al contrato sin relación con el objeto de la concesión ni con su área, sin que se advirtiera fundamento para ello, aplicando el criterio de los dictámenes N°s 58.821, de 2011, y 61.888, de 2012.