Resumen
La Contraloría General de la República tomó razón del decreto N° 623, de 2012, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que aprueba la modificación de un convenio por encontrarse ajustado a derecho. Sin embargo, hizo presente que el instrumento fue remitido para toma de razón con evidente retraso: el acuerdo se celebró el 12 de junio de 2012, el acto administrativo que lo sancionó es de 15 de junio y su ingreso al organismo ocurrió recién el 6 de septiembre, considerando que las actividades debían ejecutarse hasta el 31 de octubre de ese año. Según la jurisprudencia administrativa del organismo, esta demora infringe el artículo 8° de la ley N° 18.575, que impone el deber de actuar por propia iniciativa y de simplificar y agilizar los trámites, y el principio de celeridad del artículo 7° de la ley N° 19.880. En consecuencia, instruyó al Ministerio para que adopte las medidas necesarias a fin de que sus instrumentos se dicten y envíen a tramitación oportunamente.