La Contraloría General de la República resolvió un dictamen solicitado por una exfuncio…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2015
Resumen
La Contraloría General de la República resolvió un dictamen solicitado por una exfuncionaria de la Universidad de Chile, quien requería determinar su derecho a percibir el bono de la ley N° 20.305 conforme a la ley N° 20.807. Se estableció que la peticionaria no tiene derecho a dicho bono, ya que la ley N° 20.807 solo lo concede al personal no académico vigente de universidades estatales, condición que no cumple por haber renunciado voluntariamente a su cargo de tecnóloga médica. No obstante, se precisó que, como exfuncionaria, podría acceder a la bonificación adicional de la ley N° 20.807 si cumple los requisitos del artículo 6°, incluyendo solicitarla dentro del plazo legal.
Normas citadas
ley 20807 art/1
ley 20807 art/5
ley 20807 art/8
ley 20807 art/6
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Tiene derecho a percibir el bono de la ley N° 20.305 un exfuncionario no académico de una universidad estatal que renunció a su cargo?
En este caso, la Contraloría General de la República sostuvo que no, porque la ley N° 20.807 solo concede el bono al personal no académico vigente de universidades estatales, condición que no se cumplía tras la renuncia voluntaria al cargo.
¿Puede un exfuncionario de una universidad estatal acceder a la bonificación adicional de la ley N° 20.807 después de dejar el cargo?
En este caso, la Contraloría precisó que, como exfuncionaria, la peticionaria podría acceder a la bonificación adicional de la ley N° 20.807 si cumple los requisitos del artículo 6°, incluyendo solicitarla dentro del plazo legal.
¿Qué requisitos determinan si un exfuncionario universitario puede recibir el beneficio de la ley N° 20.807?
En este caso, el dictamen indica que el beneficio depende del cumplimiento de los requisitos del artículo 6° de la ley N° 20.807, entre ellos presentar la solicitud dentro del plazo legal establecido.
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Resumen referencial elaborado a partir de documentos públicos chilenos. Los nombres de las personas se reducen a iniciales. Tiene carácter informativo, puede contener imprecisiones y no constituye asesoría legal.