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La Contraloría General de la República desestimó la petición de la recurrente respecto…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2014

Resumen

La Contraloría General de la República desestimó la petición de la recurrente respecto de la no renovación de su patente de alcoholes por parte de la Municipalidad de Recoleta, declarando que dicha actuación se ajustó a derecho. El ente fiscalizador sostuvo que la decisión municipal se fundamentó en infracciones cometidas por el titular, como ejercer la venta de bebidas alcohólicas de una categoría distinta a la autorizada, lo que constituye un aspecto válido para denegar la renovación. En cuanto a los hechos de corrupción denunciados, se ordenó al municipio informar el resultado del sumario administrativo instruido dentro de un plazo de 30 días, y se recordó la obligación del alcalde de denunciar ante el Ministerio Público si los hechos revisten carácter de delito.

Normas citadas

  • ley 19925 art/primero art/5
  • ley 18695 art/65 lt/ñ ley 18883 art/58 lt/k
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Puede una municipalidad negarse a renovar una patente de alcoholes si el titular vendió bebidas de una categoría distinta a la autorizada?

En este caso, la Contraloría General de la República sostuvo que la Municipalidad de Recoleta se ajustó a derecho al no renovar la patente, pues la decisión se fundamentó en infracciones del titular, como vender bebidas alcohólicas de una categoría distinta a la autorizada, lo que es un aspecto válido para denegar la renovación.

¿Qué debe hacer la Contraloría cuando se denuncian hechos de corrupción en un municipio que está instruyendo un sumario administrativo?

En este caso, la Contraloría ordenó al municipio informar el resultado del sumario administrativo que había instruido dentro de un plazo de 30 días, en lugar de resolver los hechos de corrupción directamente.

¿Qué obligación tiene el alcalde si en un municipio se advierten hechos que podrían constituir delito?

En este caso, la Contraloría recordó que el alcalde está obligado a denunciar ante el Ministerio Público si los hechos denunciados revisten carácter de delito.

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