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La Contraloría General de la República representó la resolución N° 691, de 2013, del Ho…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2014

Resumen

La Contraloría General de la República representó la resolución N° 691, de 2013, del Hospital Metropolitano de Santiago, que aplicó la sanción de censura a un funcionario. Se consideró que la medida no se ajustaba al mérito del sumario, ya que las faltas imputadas —desobediencia, abandono de labores y maltratos físicos y verbales— fueron calificadas como infracciones graves, lo que resultaba incompatible con una censura. Además, en un procedimiento anterior se había estimado procedente la destitución. Por ello, en virtud del principio de proporcionalidad del artículo 121 de la ley N° 18.834, se ordenó al hospital reevaluar los antecedentes y aplicar una sanción acorde a la gravedad de las transgresiones. También se reprochó la excesiva tardanza en la tramitación del sumario.

Normas citadas

  • ley 18834 art/121 inc/fin
  • ley 18575 art/3
  • ley 18575 art/8
  • ley 19880 art/7
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Puede aplicarse una censura a un funcionario público si las faltas imputadas son graves?

En este caso, la Contraloría sostuvo que no, porque las faltas de desobediencia, abandono de labores y maltratos fueron calificadas como graves, lo que es incompatible con una censura. Por eso representó la resolución del hospital que aplicó esa sanción.

¿Qué implica el principio de proporcionalidad en las sanciones disciplinarias de funcionarios públicos según la ley 18.834?

En este caso, la Contraloría invocó el artículo 121 de la ley 18.834 para exigir que la sanción guarde relación con la gravedad de las transgresiones. Ordenó al hospital reevaluar los antecedentes y aplicar una sanción acorde.

¿Puede la Contraloría reprochar la demora en la tramitación de un sumario administrativo?

En este caso, la Contraloría reprochó la excesiva tardanza en la tramitación del sumario, además de cuestionar la sanción aplicada. El dictamen sirve de referencia para exigir plazos razonables en los procedimientos disciplinarios.

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