Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la impugnación de un licenciamiento del servicio aplicado a un funcionario del Ejército, tras una investigación sumaria administrativa. El dictamen concluyó que la medida se ajustó a derecho, ya que la facultad sancionadora se ejerció dentro del plazo legal de dos años, contado desde el incidente, y el procedimiento se inició oportunamente. Además, se determinó que el licenciamiento no es reclamable ante el Ministro de Defensa Nacional. No obstante, la Contraloría ordenó al Ejército remitir la resolución que confirmó la sanción para su toma de razón, por tratarse de una medida expulsiva, y señaló que, si el funcionario efectivamente se desempeñó después de la notificación del rechazo de su recurso, tendrá derecho al pago de remuneraciones, debiendo la institución verificar y informar al respecto.