El Juzgado de Policía Local de Huechuraba acogió una denuncia por infracción al artícul…
Sentencia · JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE HUECHURABA · 2014
Resumen
El Juzgado de Policía Local de Huechuraba acogió una denuncia por infracción al artículo 28 B de la Ley 19.496 presentada por un consumidor, en la que se hizo parte el SERNAC, contra una empresa de telecomunicaciones, por el envío de llamadas publicitarias reiteradas pese a que se había solicitado su cese. En lo infraccional, el tribunal condenó a la empresa al pago de una multa de cinco unidades tributarias mensuales, con apercibimiento de sustitución y apremio conforme a la Ley 18.287. En lo civil, acogió la demanda de indemnización de perjuicios y condenó a la empresa a pagar al denunciante cien mil pesos por daño moral, reajustables según el IPC e intereses corrientes, además de las costas. El tribunal rechazó el daño emergente por no haberse acreditado los gastos de movilización, impresiones y fotocopias, ni contar con parámetros para calcularlos. Ordenó cumplir lo dispuesto en el artículo 58 bis de la Ley 19.496.
Normas citadas
Ley 19.496, Art. 24
Ley 19.496, Art. 28 Inc. 1 Letra b
Ley 19.496, Art. 50 C
Ley 19.496, Art. 50 D
Sentencia DefinitivaInterés IndividualQuerella infraccional y demanda de indemnización de perjuicios
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si una empresa sigue enviando llamadas publicitarias después de que pedí que las detuvieran?
En este caso, el Juzgado de Policía Local de Huechuraba acogió la denuncia por infracción al artículo 28 B de la Ley 19.496 y condenó a la empresa de telecomunicaciones al pago de una multa de cinco unidades tributarias mensuales.
¿Se puede demandar indemnización por daño moral por llamadas publicitarias reiteradas?
En este caso, el tribunal acogió la demanda civil y condenó a la empresa a pagar al denunciante cien mil pesos por daño moral, reajustables según el IPC e intereses corrientes, además de las costas.
¿Qué gastos se deben acreditar para que se reconozca el daño emergente en una denuncia de consumidor?
En este caso, el tribunal rechazó el daño emergente por no haberse acreditado los gastos de movilización, impresiones y fotocopias, ni contar con parámetros para calcularlos.
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