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El Primer Juzgado de Policía Local de Rancagua rechazó una querella infraccional y dema…

Sentencia · 1er JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE RANCAGUA · 2013

Resumen

El Primer Juzgado de Policía Local de Rancagua rechazó una querella infraccional y demanda civil por infracción a la Ley del Consumidor, absolviendo al proveedor demandado. El tribunal consideró que la parte querellante no acreditó una deficiente prestación del servicio de reparación vehicular, ya que las pruebas presentadas, como un documento de kilometraje, resultaron inconsistentes e imposibles de verificar. Al no establecerse responsabilidad infraccional, se desestimaron también las pretensiones civiles por falta de sustento. No se condenó en costas a la querellante por estimarse que tuvo motivos plausibles para litigar.

Normas citadas

  • Ley 19.496, Art. 3
  • Ley 19.496, Art. 12
  • Ley 19.496, Art. 23
  • Ley 19.496, Art. 40
  • Ley 19.496, Art. 41
Sentencia DefinitivaInterés IndividualQuerella infraccional y demanda de indemnización de perjuicios

Preguntas frecuentes

¿Qué debe probar el consumidor para que un proveedor sea sancionado por una deficiente prestación de un servicio de reparación según la Ley del Consumidor?

En este caso, el tribunal sostuvo que la parte querellante no acreditó una deficiente prestación del servicio de reparación vehicular, porque la prueba presentada, como un documento de kilometraje, resultó inconsistente e imposible de verificar. Al no establecerse responsabilidad infraccional, se rechazó la querella y la demanda civil.

¿Si no se prueba la infracción a la Ley del Consumidor, también se pueden acoger las pretensiones civiles de indemnización?

En este caso, el tribunal desestimó las pretensiones civiles porque no se estableció responsabilidad infraccional del proveedor y las pretensiones carecían de sustento probatorio. La absolución del proveedor incluyó el rechazo de ambas acciones.

¿Procede condenar en costas a la parte que pierde un juicio por infracción a la Ley del Consumidor?

En este caso, el tribunal no condenó en costas a la querellante porque estimó que tuvo motivos plausibles para litigar, aunque la demanda fuera rechazada. La decisión se basó en esa apreciación del tribunal.

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