La Corte Suprema rechazó el recurso de protección de una ciudadana venezolana que recla…
Sentencia · Corte Suprema · 2025
Resumen
La Corte Suprema rechazó el recurso de protección de una ciudadana venezolana que reclamaba demora en su solicitud de nacionalización. Confirmó que la tardanza de más de seis meses no es ilegal ni arbitraria, pues el plazo del artículo 27 de la Ley N.° 19.880 no es fatal y puede ampliarse por fuerza mayor, como la pandemia y la masificación migratoria. Además, descartó vulneración al plazo razonable de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Dos ministros votaron en contra, argumentando que la recurrente mantiene su situación migratoria regular y que acoger el recurso afectaría el principio de igualdad ante la ley.
Normas citadas
Artículo 27, Ley N.° 19.880
Artículo 8.1, Convención Americana sobre Derechos Humanos
Artículo 20, Constitución Política de la República
Artículo 19 N.° 2, Constitución Política de la República
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Preguntas frecuentes
¿Es ilegal que la Administración demore más de seis meses en resolver una solicitud de nacionalización en Chile?
En este caso, la Corte Suprema sostuvo que la demora de más de seis meses no es ilegal ni arbitraria, porque el plazo del artículo 27 de la Ley N.° 19.880 no es fatal y puede ampliarse por fuerza mayor, como la pandemia y la masificación migratoria.
¿Procede un recurso de protección por demora en la tramitación de una nacionalización si se alega vulneración del plazo razonable?
En este caso, la Corte Suprema rechazó el recurso y descartó la vulneración del plazo razonable del artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al considerar justificada la demora por las circunstancias del período.
¿Puede el tribunal acoger un recurso de protección contra la demora administrativa por el hecho de que el solicitante mantenga su situación migratoria regular?
En este caso, la Corte Suprema no acogió el recurso pese a que la recurrente mantiene su situación migratoria regular. Dos ministros disidentes sostuvieron que acoger el recurso era procedente y que rechazarlo afectaría el principio de igualdad ante la ley.
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