La Corte Suprema acoge parcialmente el recurso de protección deducido contra el Servici…
Sentencia · Corte Suprema · 2025
Resumen
La Corte Suprema acoge parcialmente el recurso de protección deducido contra el Servicio Nacional de Migraciones por la demora en resolver una solicitud de nacionalización. El tribunal confirma la sentencia apelada y ordena al organismo emitir pronunciamiento dentro de 60 días corridos desde la notificación. Se rechaza el argumento de que la tardanza constituya una acción ilegal o arbitraria, pues el plazo de seis meses del artículo 27 de la Ley N.° 19.880 no es fatal y puede extenderse por fuerza mayor, como la pandemia y la masificación migratoria. No obstante, se fija un plazo concreto para evitar una dilación indefinida. Hubo voto disidente que propuso rechazar el recurso por no configurarse los requisitos de la acción constitucional.
Normas citadas
Artículo 27, Ley N° 19.880
Artículo 20, Constitución Política de la República
Artículo 19 N° 2, Constitución Política de la República
Artículo 8.1, Convención Americana sobre Derechos Humanos
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Preguntas frecuentes
¿El plazo de seis meses del artículo 27 de la Ley 19.880 para resolver una solicitud administrativa es fatal?
En este caso, la Corte Suprema sostuvo que el plazo de seis meses del artículo 27 de la Ley 19.880 no es fatal y puede extenderse por fuerza mayor, como la pandemia y la masificación migratoria. Por eso rechazó que la tardanza fuera por sí sola una acción ilegal o arbitraria.
¿Puede la Corte ordenar a un organismo público fijar un plazo para resolver una solicitud que lleva demora?
En este caso, la Corte Suprema confirmó la sentencia apelada y ordenó al Servicio Nacional de Migraciones emitir pronunciamiento dentro de 60 días corridos desde la notificación. Lo hizo para evitar una dilación indefinida en la resolución de la solicitud de nacionalización.
¿Cuándo procede el recurso de protección frente a la demora de la Administración en resolver una solicitud?
En este caso, la Corte Suprema acogió parcialmente el recurso de protección contra el Servicio Nacional de Migraciones por la demora en resolver la nacionalización. Hubo un voto disidente que propuso rechazarlo por no configurarse los requisitos de la acción constitucional.
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