El Consejo para la Transparencia rechazó un amparo interpuesto contra la Dirección Regi…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2020
Resumen
El Consejo para la Transparencia rechazó un amparo interpuesto contra la Dirección Regional del Trabajo Metropolitana Poniente, que había denegado la entrega de una copia de un acta de avenimiento. El Consejo consideró que la información está protegida por la causal de reserva del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, en relación con la ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada, ya que su divulgación afectaría derechos de carácter económico y la esfera privada de los trabajadores involucrados. Además, sostuvo que publicar estos antecedentes podría inhibir que los trabajadores presenten denuncias ante el organismo fiscalizador, afectando el debido cumplimiento de sus funciones. Contra esta decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva dentro de 15 días corridos, aunque los órganos de la Administración no pueden reclamar cuando la denegación se funda en dicha causal.
Normas citadas
Ley de Transparencia
amparoDecisión de Fondo
Preguntas frecuentes
¿Se puede pedir copia de un acta de avenimiento firmada ante la Dirección del Trabajo?
En este caso, el Consejo para la Transparencia rechazó el amparo y confirmó la negativa, porque el acta está protegida por la causal de reserva del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia en relación con la ley N° 19.628, ya que su divulgación afectaría derechos económicos y la vida privada de los trabajadores.
¿Qué pasa si la Dirección del Trabajo niega la entrega de un acta de avenimiento y quiero reclamar?
En este caso, el Consejo indicó que contra su decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva dentro de 15 días corridos. Sin embargo, los órganos de la Administración no pueden reclamar cuando la denegación se funda en esta causal de reserva.
¿Por qué se puede negar el acceso a información de denuncias laborales ante la Dirección del Trabajo?
En este caso, el Consejo sostuvo que publicar estos antecedentes podría inhibir que los trabajadores presenten denuncias ante el organismo fiscalizador, lo que afectaría el debido cumplimiento de sus funciones, además de la protección de la esfera privada de los involucrados.
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