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El Tribunal Constitucional acogió a trámite un requerimiento de inaplicabilidad por inc…

Informe · Diario Constitucional (fallos adjuntos a sus notas) · 2026

Resumen

El Tribunal Constitucional acogió a trámite un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por una corporación municipal, que impugnaba el artículo 15 del D.F.L. N° 2 de 1996 del Ministerio de Educación. La corporación solicitaba que se declarara inaplicable dicha norma en una gestión pendiente ante la Corte de Apelaciones, por cuanto su aplicación permitiría el embargo de subvenciones escolares para el pago de deudas laborales, desviando su destinación legal y afectando garantías constitucionales. El Tribunal declaró admisible el requerimiento y ordenó su tramitación, disponiendo además la suspensión inmediata del procedimiento en la causa pendiente para evitar efectos contrarios a la Carta Fundamental mientras se resuelve el fondo del asunto.

Normas citadas

  • D.F.L. N° 2
  • Ley N° 17.997
  • Ley N° 20.845

Preguntas frecuentes

¿Pueden embargarse las subvenciones escolares para pagar deudas laborales de una corporación municipal en Chile?

En este caso, el Tribunal Constitucional acogió a trámite un requerimiento de inaplicabilidad que impugna el artículo 15 del D.F.L. N° 2 de 1996 por permitir el embargo de subvenciones escolares para deudas laborales. El Tribunal aún no resuelve el fondo del asunto.

¿Qué pasa con un juicio pendiente mientras se tramita un requerimiento de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional?

En este caso, el Tribunal declaró admisible el requerimiento y ordenó suspender de inmediato el procedimiento en la causa pendiente ante la Corte de Apelaciones. La suspensión busca evitar efectos contrarios a la Constitución mientras se resuelve el fondo.

¿Cuándo procede un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra una norma legal?

En este caso, una corporación municipal alegó que aplicar el artículo 15 del D.F.L. N° 2 desviaría la destinación legal de las subvenciones y afectaría garantías constitucionales. El Tribunal lo admitió a trámite, sin pronunciarse todavía sobre el fondo.

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