El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…
Sentencia · 2022
Resumen
El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por una corporación educacional contra el artículo 15°, inciso segundo, del D.F.L. N° 2 de 1998, que regula el pago de subvenciones estatales a establecimientos educacionales. La requirente argumentaba que la norma impedía el pago directo de indemnizaciones laborales ordenadas judicialmente, vulnerando derechos fundamentales. El Tribunal consideró que la disposición legal no es inconstitucional, ya que contiene una excepción explícita para medidas judiciales que permite el pago directo de sentencias condenatorias, sin necesidad de intermediación del sostenedor. La sentencia concluyó que la norma no afecta derechos fundamentales y que su texto permite la ejecución de sentencias laborales, por lo que no procede declarar su inaplicabilidad.
Normas citadas
Artículo 15°, inciso segundo, D.F.L. N° 2 de 1998, Ministerio de Educación
Artículo 489 inciso 3° del Código del Trabajo
D.F.L. N° 2 de 1996 sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales
¿Puede el Estado pagar directamente una indemnización laboral ordenada por sentencia a trabajadores de un establecimiento educacional subvencionado?
En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que el artículo 15° inciso segundo del D.F.L. N° 2 de 1998 contiene una excepción para medidas judiciales que permite el pago directo de sentencias condenatorias, sin intermediación del sostenedor.
¿Procede declarar la inaplicabilidad del artículo 15° inciso segundo del D.F.L. N° 2 de 1998 si impide el pago directo de indemnizaciones laborales?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento porque consideró que la norma no es inconstitucional, ya que no impide el pago directo y no afecta derechos fundamentales.
¿Una norma que regula subvenciones escolares puede vulnerar derechos fundamentales de los trabajadores docentes?
En este caso, el Tribunal Constitucional concluyó que la disposición no afecta derechos fundamentales, porque su texto permite la ejecución de sentencias laborales.
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