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La representante de una deudora deduce recurso de inaplicabilidad por inconstitucionali…

Informe · Tribunal Constitucional · 2023

Resumen

La representante de una deudora deduce recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra los artículos 499 y 500 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 1891 del Código Civil, en el marco de un juicio ejecutivo seguido por un banco por cobro de un mutuo. Se cuestiona que dichas normas permitan al juez reducir prudencialmente el avalúo de bienes embargados o fijar el precio de remate sin criterios objetivos, lo que podría vulnerar derechos fundamentales. La gestión pendiente corresponde a un juicio ejecutivo tramitado ante el Primer Juzgado de Letras de Punta Arenas, donde se han realizado remates sin postores. Se solicita la suspensión del procedimiento para evitar que el inmueble sea rematado a un valor desproporcionadamente bajo, pidiendo que se comunique la decisión al tribunal de la causa.

Normas citadas

  • Artículo 93 Nº 6 de la Constitución Política de la República
  • Artículos 79 y siguientes de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional
  • Artículo 499 del Código de Procedimiento Civil
  • Artículo 500 del Código de Procedimiento Civil
  • Artículo 1891 del Código Civil
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Preguntas frecuentes

¿Puede el Tribunal Constitucional suspender un juicio ejecutivo para evitar el remate de un inmueble a un valor desproporcionadamente bajo?

En este caso, la parte recurrente pide suspender el procedimiento de la gestión pendiente, un juicio ejecutivo por cobro de un mutuo, para evitar que el inmueble se remate a un valor desproporcionado tras remates sin postores. El resumen no informa si el Tribunal acogió esa suspensión.

¿Puede cuestionarse ante el Tribunal Constitucional el avalúo fijado en un remate forzado cuando no hay postores?

En este caso, se cuestiona ante el Tribunal Constitucional que el juez pueda reducir prudencialmente el avalúo de bienes embargados cuando los remates resultan desiertos, alegando posible vulneración de derechos fundamentales. El documento sólo refleja la interposición del recurso y no contiene una decisión sobre su admisibilidad o fondo.

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