El Tribunal Constitucional fue requerido por una inmobiliaria, en su calidad de tercera…
Informe · Tribunal Constitucional · 2023
Resumen
El Tribunal Constitucional fue requerido por una inmobiliaria, en su calidad de tercera poseedora de un inmueble hipotecado a favor de Scotiabank Chile, para que declare inaplicables los artículos 500 del Código de Procedimiento Civil y 1891 del Código Civil. La acción se originó en un incidente de reducción de avalúo dentro de un procedimiento ejecutivo de desposeimiento seguido ante el Segundo Juzgado Civil de San Fernando. La requirente cuestionó la facultad del juez para fijar discrecionalmente el precio de remate sin criterios objetivos y la imposibilidad de aplicar la lesión enorme en ventas forzadas de inmuebles, argumentando que dichas normas vulneran derechos constitucionales. En su presentación, la requirente solicitó la suspensión del procedimiento ejecutivo, por estimar que la norma impugnada era decisoria litis, y acompañó diversos documentos, entre ellos certificados de no postores y la resolución que fijó la subasta del inmueble para el 2 de agosto de 2023.
Normas citadas
Artículo 93 N°6 de la Constitución Política de la República de Chile
Artículos 79 y siguientes de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional
¿Procede la lesión enorme en la venta forzada de un inmueble en un procedimiento ejecutivo, según el artículo 1891 del Código Civil?
En este caso, la requirente sostuvo que la lesión enorme no podía aplicarse en ventas forzadas de inmuebles y que ello vulneraba derechos constitucionales, impugnando el artículo 1891 del Código Civil. El resumen no informa la decisión del Tribunal sobre esta materia.
¿Se suspende un procedimiento ejecutivo de desposeimiento mientras el Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inaplicabilidad?
En este caso, la requirente pidió suspender el procedimiento ejecutivo por estimar que la norma impugnada era decisoria litis. El resumen público no indica si el Tribunal acogió o rechazó esa solicitud.
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Resumen referencial elaborado a partir de documentos públicos chilenos. Los nombres de las personas se reducen a iniciales. Tiene carácter informativo, puede contener imprecisiones y no constituye asesoría legal.