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El Consejo para la Transparencia conoció un amparo por denegación de acceso a informaci…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2026

Resumen

El Consejo para la Transparencia conoció un amparo por denegación de acceso a información de un organismo público. El requirente solicitaba correos institucionales y un perfil de cargo. En la decisión resolutiva, una consejera disidente estimó que los correos electrónicos consultados deben mantenerse reservados al configurarse la causal de secreto del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, por afectar la intimidad y vida privada según la Constitución y el Tribunal Constitucional, por lo que no procede su entrega. Contra lo resuelto cabe reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones en 15 días.

Normas citadas

  • Ley N° 20.285
  • Ley N° 19.628
  • Ley N° 19.880
  • Ley N° 18.575
  • Ley N° 18.918
  • Decreto Supremo N° 634
  • Decreto Supremo N° 157
  • D.S. N° 93
amparoDecisión de Fondo

Preguntas frecuentes

¿Procede entregar correos electrónicos institucionales de un funcionario público cuando se piden por la Ley de Transparencia?

En este caso, el Consejo para la Transparencia conoció un amparo por la negativa a entregar correos institucionales, y una consejera disidente estimó que deben mantenerse reservados por configurarse la causal de secreto del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, al afectar la intimidad y vida privada. Por ello, según esa postura, no procede su entrega.

¿Cuál es el plazo para reclamar de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones contra una decisión del Consejo para la Transparencia?

En este caso, el resumen indica que contra lo resuelto por el Consejo para la Transparencia cabe reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones dentro de un plazo de 15 días.

¿Qué causal de secreto puede invocarse para negar el acceso a información que afecta la vida privada de una persona?

En este caso, la consejera disidente sostuvo que se configura la causal de secreto del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, porque los correos consultados afectan la intimidad y vida privada, según la Constitución y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

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