La Contraloría General de la República dictaminó que la interposición de acciones judic…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2020
Resumen
La Contraloría General de la República dictaminó que la interposición de acciones judiciales por parte del SERVIU contra sus propios exfuncionarios constituye una desviación de poder y un abuso del derecho, al buscar eludir el control de legalidad que corresponde a ese organismo fiscalizador. Se señaló que no existe incertidumbre jurídica en la materia, por lo que dichas acciones carecen de fundamento y persiguen un fin ilícito, utilizando recursos públicos para demandar a exfuncionarios que deben defenderse con medios particulares. En consecuencia, se ordenó a la Contraloría Regional del Maule iniciar un procedimiento disciplinario para determinar las responsabilidades administrativas de los funcionarios del SERVIU involucrados en estas irregularidades.
Normas citadas
POL art/98
ley 10336 art/5
ley 10336 art/6
ley 10336 art/9
ley 18834 art/160
ley 18883 art/156
ley 10336 art/6 inc/3
ContraloríaCGRdictamengenera jurisprudencia
Preguntas frecuentes
¿Puede un servicio público demandar judicialmente a sus propios exfuncionarios si pretende eludir el control de legalidad de la Contraloría?
En este caso, la Contraloría General de la República sostuvo que las acciones judiciales del SERVIU contra sus exfuncionarios constituyen desviación de poder y abuso del derecho, porque buscan eludir su control de legalidad. Por ello, ordenó iniciar un procedimiento disciplinario contra los funcionarios involucrados.
¿Qué consecuencias tiene para un servicio público usar recursos fiscales para demandar a exfuncionarios sin fundamento?
En este caso, la Contraloría señaló que estas demandas carecen de fundamento, persiguen un fin ilícito y utilizan recursos públicos contra exfuncionarios que deben defenderse con medios particulares. Dispuso que la Contraloría Regional del Maule determine las responsabilidades administrativas de los funcionarios del SERVIU involucrados.
¿Existe incertidumbre jurídica que justifique que un servicio público demande a sus exfuncionarios por materias ya definidas?
En este caso, la Contraloría concluyó que no existe incertidumbre jurídica en la materia, por lo que las acciones judiciales del SERVIU no tienen justificación. Con ello, descartó que el servicio pudiera invocar dudas interpretativas para litigar contra sus exfuncionarios.
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