La Contraloría General de la República dictaminó que la resolución exenta N° 3.094, de…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2021
Resumen
La Contraloría General de la República dictaminó que la resolución exenta N° 3.094, de 2019, del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), que regula la forma de expedir certificados de subdivisión de predios rústicos, no se ajusta a derecho en varios aspectos. Se objetó que el SAG exija documentos no previstos en la normativa, como certificados de hipotecas, servidumbres de tránsito y factibilidad de acceso a camino público, los que no inciden en la competencia del servicio y, en algunos casos, corresponden a otras reparticiones. También se consideró improcedente requerir que el profesional que suscribe el plano esté inscrito en un registro creado por la misma resolución, por ser un requisito no contemplado legalmente y una limitación al ejercicio profesional. El SAG deberá adoptar medidas para subsanar estas irregularidades e informar a la Contraloría en un plazo de 15 días.
Normas citadas
DL 2516/80 art/1
ley 18755 art/46
DTO 47/92 vivie art/2/1/19
ContraloríaCGRdictamengenera jurisprudencia
Preguntas frecuentes
¿Puede un servicio público exigir documentos no previstos en la normativa para expedir certificados de subdivisión de predios rústicos?
En este caso, la Contraloría General de la República objetó que el SAG exigiera documentos no previstos en la normativa, como certificados de hipotecas, servidumbres de tránsito y factibilidad de acceso a camino público, porque no inciden en su competencia y algunos corresponden a otras reparticiones.
¿Es legal exigir que el profesional que firma el plano de subdivisión esté inscrito en un registro creado por resolución de un servicio?
En este caso, la Contraloría consideró improcedente ese requisito, por ser una exigencia no contemplada legalmente y una limitación al ejercicio profesional.
¿Qué debe hacer el SAG tras un dictamen de la Contraloría que declara no ajustada a derecho su resolución sobre certificados de subdivisión?
En este caso, el SAG debe adoptar medidas para subsanar las irregularidades señaladas e informar a la Contraloría en un plazo de 15 días.
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