La Contraloría General de la República dictaminó que la Resolución Exenta N° 3.904, de…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2022
Resumen
La Contraloría General de la República dictaminó que la Resolución Exenta N° 3.904, de 2019, del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), no se ajusta a derecho en un aspecto específico. El SAG había establecido que, incluso para las subdivisiones de predios rústicos acogidas a la excepción de la letra j) del artículo 1° del decreto ley N° 3.516 (subdivisiones a favor de ascendientes o descendientes del propietario), debía pronunciarse sobre el cumplimiento de la normativa vigente, incluyendo la verificación de que los lotes tuvieran una cabida entre 500 m² y 1000 m². La Contraloría concluyó que esta exigencia contraviene el decreto ley, ya que dicha excepción excluye expresamente la necesidad de certificación del SAG conforme al artículo 46 de la ley N° 18.755. En consecuencia, ordenó al SAG adoptar las medidas para subsanar la situación e informar a la Contraloría en un plazo de 15 días.
Normas citadas
dl 3516/80 art/1 inc/1
dl 3516/80 art/1 inc/2 lt/j
ley 18755 art/46
dl 3516/80 art/3
ContraloríaCGRdictamengenera jurisprudencia
Preguntas frecuentes
¿El SAG puede exigir verificar la cabida de los lotes en una subdivisión de predio rústico a favor de ascendientes o descendientes del propietario?
No. En este caso, la Contraloría General de la República dictaminó que la exigencia del SAG de verificar que los lotes tuvieran una cabida entre 500 m² y 1000 m² contraviene el decreto ley N° 3.516, porque la excepción de la letra j) del artículo 1° excluye la certificación del SAG conforme al artículo 46 de la ley N° 18.755.
¿Las subdivisiones de predios rústicos a favor de descendientes requieren certificación del SAG según el decreto ley 3.516?
En este caso, la Contraloría sostuvo que no, porque la excepción de la letra j) del artículo 1° del decreto ley N° 3.516 excluye expresamente la necesidad de certificación del SAG conforme al artículo 46 de la ley N° 18.755. Por ello, el SAG no debía pronunciarse sobre el cumplimiento normativo de estas subdivisiones.
¿Qué debe hacer un servicio público si su resolución exenta es declarada no ajustada a derecho por la Contraloría?
En este caso, la Contraloría ordenó al SAG adoptar las medidas necesarias para subsanar la situación respecto de su Resolución Exenta N° 3.904, de 2019, e informar sobre ello en un plazo de 15 días.
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