Dictamen de la Superintendencia de Pensiones que responde una consulta sobre el desahuc…
Dictamen · Superintendencia de Pensiones · 2018
Resumen
Dictamen de la Superintendencia de Pensiones que responde una consulta sobre el desahucio fiscal regulado en los artículos 102 y 103 del DFL N°338 de 1960. El organismo señala que la modificación de la normativa previsional no es de su competencia, pues requiere una ley. Precisa que el desahucio fiscal se enmarca en las atribuciones de la Contraloría General de la República, cuya jurisprudencia ha establecido que es un derecho patrimonial ejercible al retiro del empleo, equivalente a un mes de remuneraciones imponibles por cada año o fracción superior a seis meses de servicios, con un tope de veinticuatro meses. Además, indica que quienes optaron por el sistema del DL N°3.500 y manifestaron su voluntad de continuar afectos al régimen del desahucio lo obtendrán al cumplir los requisitos, con el límite de veinticuatro mensualidades.
Normas citadas
DFL 338
Ley N° 20.255
Ley N° 3.500
Decreto Ley N° 3.500
Oficio ordinario N° 26038
Preguntas frecuentes
¿Puede la Superintendencia de Pensiones modificar la normativa sobre el desahucio fiscal?
No. En este dictamen la Superintendencia de Pensiones señala que modificar la normativa previsional no es de su competencia, porque ello requiere una ley.
¿Cómo se calcula el desahucio fiscal para los funcionarios que optaron por el DL N°3.500?
En este caso, el organismo indica que quienes optaron por el DL N°3.500 y manifestaron su voluntad de seguir afectos al régimen del desahucio lo obtendrán al cumplir los requisitos, con un límite de veinticuatro mensualidades. La Contraloría General de la República ha establecido que es un derecho patrimonial equivalente a un mes de remuneraciones imponibles por cada año o fracción superior a seis meses de servicios.
¿Quién fija la jurisprudencia sobre el desahucio fiscal regulado en el DFL N°338?
En este dictamen la Superintendencia de Pensiones precisa que el desahucio fiscal se enmarca en las atribuciones de la Contraloría General de la República, cuya jurisprudencia lo define como un derecho patrimonial ejercible al retiro del empleo.
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