El Consejo para la Transparencia acogió parcialmente un amparo presentado contra Carabi…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2020
Resumen
El Consejo para la Transparencia acogió parcialmente un amparo presentado contra Carabineros de Chile, que había denegado el acceso a la hoja de vida de un funcionario. El Consejo sostuvo que la función pública debe ejercerse con probidad y transparencia, por lo que la ciudadanía tiene derecho a conocer las actuaciones de los funcionarios de la Administración del Estado. Conforme al principio de divisibilidad de la Ley de Transparencia, ordenó entregar la hoja de vida, tarjando únicamente los datos personales y sensibles de contexto, así como las sanciones prescritas o cumplidas, en resguardo de la ley de protección de la vida privada. Se ordenó a Carabineros cumplir la entrega dentro de cinco días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada, acreditando su cumplimiento ante el Consejo. Contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva.
Normas citadas
Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada
Constitución Política de la República
Estatuto Administrativo
amparoDecisión de FondoOrden y Seguridad Interior
Preguntas frecuentes
¿Procede entregar la hoja de vida de un funcionario de Carabineros si se pide por transparencia?
En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió parcialmente el amparo y ordenó entregar la hoja de vida de un funcionario de Carabineros, por tratarse de actuaciones de la Administración del Estado sujetas al principio de probidad y transparencia.
¿Se puede entregar una hoja de vida de funcionario público sin revelar datos personales?
En este caso, el Consejo ordenó entregar la hoja de vida tarjando solo los datos personales y sensibles de contexto, así como las sanciones prescritas o cumplidas, en resguardo de la ley de protección de la vida privada.
¿Qué recurso procede contra una decisión del Consejo para la Transparencia que ordena entregar información?
En este caso, el Consejo indicó que contra su decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva, y ordenó cumplir la entrega dentro de cinco días hábiles desde que quede ejecutoriada.
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