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La Corte de Apelaciones de Coyhaique acogió el recurso de protección presentado por un…

Sentencia · Corte Suprema · 2025

Resumen

La Corte de Apelaciones de Coyhaique acogió el recurso de protección presentado por un particular contra la Dirección Regional Aysén del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). El recurrente impugnó la resolución que rechazó su solicitud de subdivisión de un predio rústico, argumentando falta de acceso a espacio público. La Corte consideró que el acto era arbitrario e ilegal, ya que el plano del predio indicaba que el cauce del río Turbio, un bien nacional de uso público, constituía una vía de acceso suficiente. Por ello, se dejó sin efecto la resolución impugnada y se ordenó al SAG dictar una nueva resolución ajustada a derecho, vulnerándose la garantía constitucional de igualdad ante la ley.

Normas citadas

  • Artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República
  • Artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República
  • DL Nº 3.516
  • Ley de Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales
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Preguntas frecuentes

¿Puede el SAG rechazar la subdivisión de un predio rústico por falta de acceso a espacio público si el plano muestra un cauce como vía de acceso?

En este caso, la Corte Suprema sostuvo que no, porque el plano del predio indicaba que el cauce del río Turbio, un bien nacional de uso público, constituía una vía de acceso suficiente. Por eso consideró arbitraria e ilegal la resolución que rechazó la subdivisión.

¿Qué efecto tiene un recurso de protección contra una resolución del SAG que rechaza una subdivisión predial?

En este caso, el tribunal acogió el recurso, dejó sin efecto la resolución impugnada y ordenó al SAG dictar una nueva resolución ajustada a derecho. Además, consideró vulnerada la garantía constitucional de igualdad ante la ley.

¿Cuándo se considera vulnerada la igualdad ante la ley por un acto administrativo que rechaza una solicitud de subdivisión?

En este caso, la Corte estimó que hubo vulneración de la igualdad ante la ley porque la resolución del SAG era arbitraria e ilegal, al desconocer que el cauce del río Turbio podía servir de acceso al predio. Así, la decisión administrativa se apartó de lo que el propio plano acreditaba.

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