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El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inadmisibili…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2019

Resumen

El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inadmisibilidad, al considerar que no cumplía con la exigencia de fundamentar razonablemente un conflicto constitucional concreto. La acción pretendía impugnar una resolución judicial que ordenaba la exhibición de documentos, lo que excede el ámbito de la inaplicabilidad, ya que esta vía no es idónea para revocar, enmendar o anular resoluciones de tribunales ordinarios. El requirente alegó vulneración al debido proceso y a la no autoincriminación, pero no explicó de qué modo las normas legales impugnadas, en su aplicación al caso, contrariaban la Constitución. El tribunal recordó que la guarda del imperio de la ley en causas civiles y criminales corresponde exclusivamente a los tribunales ordinarios, a través de las vías procesales previstas en las leyes de enjuiciamiento.

Tribunal ConstitucionalINADeclaración De Inhabilidad Del Presidente De La RepúblicaIgualdad Ante La LeyPrincipio De TipicidadCotizaciones previsionalesProteccion Al TrabajoResponsabilidad De Los Jueces

Preguntas frecuentes

¿Procede un requerimiento de inaplicabilidad para impugnar una resolución judicial que ordena exhibir documentos?

En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento por inadmisible, porque la inaplicabilidad no es idónea para revocar, enmendar o anular resoluciones de tribunales ordinarios, y una orden de exhibición de documentos excede su ámbito.

¿Cuándo se considera que un requerimiento de inaplicabilidad está bien fundamentado?

En este caso, el Tribunal sostuvo que el requerimiento debe explicar de qué modo las normas legales impugnadas, en su aplicación concreta, contrarían la Constitución, exigencia que el requirente no cumplió al invocar el debido proceso y la no autoincriminación.

¿Quién debe velar por el imperio de la ley en causas civiles y criminales?

En este caso, el Tribunal Constitucional recordó que esa función corresponde exclusivamente a los tribunales ordinarios, a través de las vías procesales previstas en las leyes de enjuiciamiento.

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