Resumen
El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad. Por un lado, acogió la impugnación contra el artículo 1, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, por estimar que vulnera el principio de proporcionalidad de las penas al restringir de manera desproporcionada el acceso a penas sustitutivas, incluso en delitos de menor gravedad, afectando la reinserción social y la dignidad humana. Por otro lado, rechazó el reproche contra el artículo 17 B, inciso segundo, de la Ley N° 17.798, al considerar que la norma no afecta la proporcionalidad ni la igualdad ante la ley, pues el legislador puede fijar marcos penales dentro de límites constitucionales y el control de armas es un bien jurídico relevante. Además, por no alcanzarse el quórum exigido, se rechazó el requerimiento respecto del artículo 196 ter, inciso primero, segunda parte, de la Ley N° 18.290, y se rechazó el reproche al inciso segundo de la misma disposición. Se alzó la suspensión del procedimiento y no se condenó en costas.