El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad por…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2018
Resumen
El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, que restringe la aplicación de penas sustitutivas a la privación de libertad. La mayoría sostuvo que dicha norma vulnera los principios de igualdad ante la ley, proporcionalidad de las penas y el derecho a un procedimiento racional y justo, al excluir de forma absoluta ciertos delitos de las penas sustitutivas sin considerar el quantum de la pena como criterio objetivo de gravedad. Se argumentó que las penas sustitutivas no son beneficios, sino sanciones orientadas a la reinserción social, y que la privación de libertad debe ser excepcional. Además, se afecta la independencia judicial al obligar al juez penal a imponer prisión efectiva sin alternativa, contraviniendo el artículo 76 de la Constitución.
Tribunal ConstitucionalINADebido ProcesoDelito de conducción en estado de ebriedadPrincipio de proporcionalidad de la PenaDerecho A La Libertad Personal Y Seguridad Individual
Preguntas frecuentes
¿Es constitucional que la ley excluya de forma absoluta ciertos delitos de la aplicación de penas sustitutivas a la privación de libertad?
En este caso, el Tribunal Constitucional acogió parcialmente el requerimiento y sostuvo que la norma que excluye de forma absoluta ciertos delitos de las penas sustitutivas vulnera la igualdad ante la ley y la proporcionalidad de las penas, al no considerar el quantum de la pena como criterio objetivo.
¿Las penas sustitutivas constituyen un beneficio que el legislador puede negar libremente?
En este caso, el Tribunal sostuvo que las penas sustitutivas no son beneficios sino sanciones orientadas a la reinserción social, por lo que la privación de libertad debe ser excepcional y no puede imponerse sin alternativa.
¿Puede un juez penal ser obligado a imponer prisión efectiva sin posibilidad de aplicar una alternativa?
En este caso, el Tribunal Constitucional estimó que obligar al juez penal a imponer prisión efectiva sin alternativa afecta su independencia judicial y contraviene el artículo 76 de la Constitución.
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