El Primer Juzgado de Policía Local de Antofagasta acogió una denuncia y demanda civil p…
Sentencia · 1er JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE ANTOFAGASTA · 2022
Resumen
El Primer Juzgado de Policía Local de Antofagasta acogió una denuncia y demanda civil presentada por un consumidor contra un banco por infracción a la Ley de Protección al Consumidor. El tribunal consideró que la entidad bancaria vulneró los artículos 3 letra d, 12 y 23 de la Ley 19.496 al informar una deuda inexistente a un sistema de morosidad, causando daño material y moral al afectado. Aunque no se rindió prueba directa del daño moral, el juzgado estimó evidente la angustia y preocupación generada por la inclusión en DICOM, especialmente ante la falta de cooperación del banco para aclarar los hechos. En consecuencia, se condenó al banco al pago de una multa de 10 UTM, una indemnización de $6.490 por daño material y $500.000 por daño moral, reajustables, más costas. Asimismo, se ordenó eliminar la deuda del registro de morosidad en un plazo de tres días desde que la sentencia quede ejecutoriada.
Normas citadas
Ley 19.496, Art. 3 Inc. 1 Letra d
Ley 19.496, Art. 12
Ley 19.496, Art. 23
Sentencia DefinitivaInterés IndividualQuerella infraccional y demanda de indemnización de perjuicios
Preguntas frecuentes
¿Puede un banco responder por informar a DICOM una deuda que el cliente no tiene?
En este caso, el Primer Juzgado de Policía Local de Antofagasta concluyó que el banco vulneró la Ley 19.496 al informar una deuda inexistente a un sistema de morosidad, y lo condenó a multa, indemnizaciones y a eliminar la anotación.
¿Procede indemnización por daño moral si no se rinde prueba directa del daño?
En este caso, el tribunal reconoció daño moral aunque no hubo prueba directa, porque estimó evidente la angustia y preocupación causadas por la inclusión en DICOM, agravadas por la falta de cooperación del banco.
¿Qué consecuencias tiene para un banco no aclarar una anotación indebida en un registro de morosidad?
En este caso, el juzgado consideró que la falta de cooperación del banco para aclarar los hechos agravó el perjuicio, y ordenó eliminar la deuda del registro de morosidad dentro de tres días desde que la sentencia quede ejecutoriada.
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