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La Contraloría General de la República determinó que la Dirección General de Aguas no s…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2016

Resumen

La Contraloría General de la República determinó que la Dirección General de Aguas no se ajustó a derecho al resolver un recurso de reconsideración, por no haber fundamentado adecuadamente su decisión. El interesado reclamó que la distancia desde el punto de captación a la ribera del cauce era menor a 100 metros, cuestión que no fue desmentida mediante una inspección en terreno, la cual fue solicitada expresamente. Aunque la Administración tiene la potestad de decidir si realiza una inspección ocular, esta debe ser justa, racional y proporcional, lo que no ocurrió, infringiendo el deber de fundamentar las resoluciones conforme al artículo 41 de la Ley N° 19.880. En consecuencia, se ordenó invalidar la resolución y retrotraer el procedimiento para resolver fundadamente el recurso.

Normas citadas

  • Ley N° 19.880
  • Código de Aguas
  • Resolución exenta N° 344, de 2012
  • Resolución exenta N° 2
ContraloríaCGRdictamenaguas

Preguntas frecuentes

¿Debe la Administración fundamentar su decisión si rechaza una inspección en terreno solicitada en un recurso de reconsideración de derechos de aguas?

En este caso, la Contraloría sostuvo que la Dirección General de Aguas debió fundamentar adecuadamente su resolución, porque no desmintió con una inspección en terreno lo reclamado sobre la distancia a la ribera del cauce. Aunque la inspección es facultativa, debe ser justa, racional y proporcional.

¿Qué consecuencia tiene una resolución administrativa que no está fundamentada conforme al artículo 41 de la Ley N° 19.880?

En este caso, la Contraloría determinó que la resolución de la Dirección General de Aguas no se ajustó a derecho y ordenó invalidarla y retrotraer el procedimiento para que se resuelva fundadamente el recurso.

¿Cuándo la Administración puede no realizar una inspección ocular en un procedimiento de aguas?

En este caso, la Contraloría reconoció que la Administración tiene la potestad de decidir si realiza una inspección ocular, pero concluyó que la decisión de no hacerla en este caso no fue justa, racional ni proporcional.

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