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La Contraloría General de la República se abstuvo de dar curso a la resolución N° 551,…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2013

Resumen

La Contraloría General de la República se abstuvo de dar curso a la resolución N° 551, de 2012, de la Subsecretaría de Educación, que aplicaba al funcionario la medida disciplinaria de censura. El organismo constató que la responsabilidad administrativa se encontraba extinguida por prescripción de la acción disciplinaria. Según el artículo 158, inciso primero, de la ley N° 18.834, dicha acción prescribe en cuatro años contados desde la conducta. Los hechos se verificaron el año 2005 y la instrucción de la investigación se ordenó en 2011, cuando el plazo ya estaba cumplido. Por ello, el dictamen representó el acto administrativo examinado.

Normas citadas

  • ley 18834 art/158 inc/1
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Prescribe la acción disciplinaria contra un funcionario público en Chile y en qué plazo, según el artículo 158 del Estatuto Administrativo?

En este caso, la Contraloría General de la República sostuvo que, según el artículo 158, inciso primero, de la ley N° 18.834, la acción disciplinaria prescribe en cuatro años contados desde la conducta. Como los hechos se verificaron en 2005 y la instrucción se ordenó en 2011, el plazo ya estaba cumplido.

¿Puede la Contraloría abstenerse de dar curso a una medida disciplinaria como la censura si la responsabilidad administrativa ya se extinguió?

En este caso, el organismo se abstuvo de dar curso a la resolución que aplicaba la censura al funcionario, por constatar que la responsabilidad administrativa estaba extinguida por prescripción. Por ello representó el acto administrativo examinado.

¿Desde cuándo se cuenta el plazo de prescripción de la acción disciplinaria en un sumario administrativo contra funcionarios públicos?

En este caso, la Contraloría indicó que el plazo de cuatro años de prescripción se cuenta desde la fecha de la conducta, no desde el inicio de la investigación. Como los hechos ocurrieron en 2005 y la instrucción se ordenó en 2011, la acción ya había prescrito.

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