La Contraloría General de la República representó el decreto supremo N° 131, de 2013, d…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2014
Resumen
La Contraloría General de la República representó el decreto supremo N° 131, de 2013, del Ministerio de Educación, que aplicaba una medida disciplinaria a un funcionario universitario por haber autorizado el pago de una bonificación de reconocimiento a personal no académico. El organismo concluyó que la acción disciplinaria de la Administración se encontraba prescrita. Explicó que el plazo de cuatro años del Estatuto Administrativo se suspendió al formularse cargos, pero que volvió a correr tras transcurrir dos calificaciones funcionarias sin que el servidor fuera sancionado, por lo que, al dictarse el acto de término, había pasado más de cuatro años. En consecuencia, representó el acto administrativo.
Normas citadas
ley 18834 art/157 lt/d
ley 18834 art/158
ley 18834 art/159
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Prescribe la acción disciplinaria del Estatuto Administrativo si el procedimiento se suspende al formular cargos pero no se sanciona al funcionario?
En este caso, la Contraloría General de la República concluyó que la acción disciplinaria estaba prescrita. Señaló que el plazo de cuatro años se suspendió al formularse cargos, pero volvió a correr tras transcurrir dos calificaciones funcionarias sin sanción, por lo que al dictarse el acto de término habían pasado más de cuatro años.
¿Puede la Contraloría representar un decreto que aplica una medida disciplinaria a un funcionario universitario por una autorización de pago?
En este caso, la Contraloría representó el decreto supremo del Ministerio de Educación que aplicaba una medida disciplinaria a un funcionario universitario por autorizar el pago de una bonificación de reconocimiento a personal no académico. Lo representó por considerar que la acción disciplinaria estaba prescrita.
¿Cómo se cuenta el plazo de prescripción de la acción disciplinaria cuando hay calificaciones funcionarias de por medio?
En este caso, la Contraloría sostuvo que el plazo de cuatro años del Estatuto Administrativo, suspendido al formularse cargos, volvió a correr después de dos calificaciones funcionarias sin que el servidor fuera sancionado. Con ello, al dictarse el acto de término ya habían transcurrido más de cuatro años.
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Dictamen · Contraloría General de la República · 2013
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