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La Contraloría General de la República se pronunció sobre la aplicación supletoria de l…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2021

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre la aplicación supletoria de la ley N° 19.880 en procedimientos administrativos de extranjería que carecen de plazos propios, como los relativos a solicitudes de permanencia definitiva. Señaló que, conforme a dicha ley, los plazos establecidos obligan a la Administración y que la duración del procedimiento no puede exceder de seis meses, salvo caso fortuito o fuerza mayor. Aclaró que los plazos no son fatales, por lo que su vencimiento no invalida las actuaciones posteriores, aunque puede generar responsabilidades administrativas por retardo injustificado. Instó al D.E.M., al Ministerio del Interior y demás organismos competentes a tramitar estos procedimientos con celeridad y dentro de plazos razonables, conforme a los principios de celeridad, conclusivo, eficiencia y eficacia.

Normas citadas

  • DL 1094/75 art/1
  • DL 1094/75 art/2
  • DL 1094/75 art/3
  • DTO 597/84 inter art/2
  • DTO 597/84 inter art/6
  • DL 1094/75 art/13
  • DL 1094/75 art/41
  • DL 1094/75 art/91
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Preguntas frecuentes

¿Qué plazo tiene la Administración para resolver un procedimiento de extranjería que no tiene plazo propio, como una solicitud de permanencia definitiva?

La Contraloría General de la República señaló que, por aplicación supletoria de la ley N° 19.880, la duración de estos procedimientos no puede exceder de seis meses, salvo caso fortuito o fuerza mayor.

¿Si la Administración se pasa del plazo en un procedimiento de extranjería, se invalidan las actuaciones posteriores?

No, según este dictamen los plazos no son fatales, por lo que su vencimiento no invalida las actuaciones posteriores. Sin embargo, el retardo injustificado puede generar responsabilidades administrativas.

¿Qué medidas instruyó la Contraloría para la tramitación de estos procedimientos migratorios?

La Contraloría instó al D.E.M., al Ministerio del Interior y demás organismos competentes a tramitar estos procedimientos con celeridad y dentro de plazos razonables, conforme a los principios de celeridad, conclusividad, eficiencia y eficacia.

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