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La Contraloría General de la República determinó que un funcionario público no tiene de…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2016

Resumen

La Contraloría General de la República determinó que un funcionario público no tiene derecho a las bonificaciones de la ley N° 20.734, por no cumplir el requisito de edad exigido. La ley establece que pueden percibir el beneficio quienes hayan obtenido una pensión de invalidez entre el 1 de agosto de 2010 y el 30 de junio de 2014, y además hayan cumplido 65 años de edad en ese mismo período. El recurrente obtuvo su pensión de invalidez en julio de 2013, dentro del plazo, pero cumpliría los 65 años recién en julio de 2019, fuera del período legal. Por ello, se rechazó su solicitud. Respecto a la consulta sobre otros beneficios, la Contraloría se abstuvo de pronunciarse por ser una interrogante genérica que no cumple con las instrucciones para solicitudes de pronunciamiento jurídico.

Normas citadas

  • ley 20734 art/6 inc/3
  • ley 20734 art/4
  • ley 20734 art/5
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Puede acceder a las bonificaciones de la ley 20.734 quien obtuvo una pensión de invalidez dentro del plazo legal pero cumplió 65 años después de ese período?

No. En este caso, la Contraloría General de la República sostuvo que la ley exige que la pensión de invalidez se obtenga entre el 1 de agosto de 2010 y el 30 de junio de 2014, y que además se cumplan 65 años de edad dentro de ese mismo período. Como el funcionario cumpliría esa edad fuera del plazo, rechazó su solicitud.

¿Qué requisitos debe cumplir un funcionario público para recibir el beneficio de la ley 20.734 por pensión de invalidez?

Según este dictamen, el beneficio requiere haber obtenido una pensión de invalidez entre el 1 de agosto de 2010 y el 30 de junio de 2014, y haber cumplido 65 años de edad en ese mismo período. La Contraloría aplicó ambos requisitos de forma conjunta para resolver el caso.

¿La Contraloría se pronuncia sobre consultas genéricas acerca de otros beneficios para funcionarios públicos?

En este caso, la Contraloría General de la República se abstuvo de pronunciarse sobre la consulta relativa a otros beneficios, por tratarse de una interrogante genérica que no cumple con las instrucciones para solicitudes de pronunciamiento jurídico.

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