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El Consejo para la Transparencia acogió los amparos presentados contra la Municipalidad…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2023

Resumen

El Consejo para la Transparencia acogió los amparos presentados contra la Municipalidad de Vitacura, ordenando la entrega de copias de grabaciones de cámaras de vigilancia ubicadas en la vía pública. Se consideró que, al estar a la vista de transeúntes y automovilistas, la expectativa de privacidad es reducida. Aplicando los principios de máxima divulgación y divisibilidad, se estimó que los riesgos de afectación de derechos son mínimos, mientras que existe un interés legítimo de la reclamante, quien busca proteger su integridad y eventualmente ejercer acciones judiciales. Se destacó que el acceso a la información es un derecho llave para otros derechos fundamentales. La resolución ordena la entrega bajo apercibimiento de sanciones, incluyendo multas y suspensión del cargo para la autoridad que incumpla.

Normas citadas

  • Ley N° 19.880
  • Ley N° 19.628
  • Ley N° 20.285
  • Ley N° 18.575
  • Ley N° 21.096
  • Ley N° 19.327
  • Artículo 9° de la ley N° 19.880
  • Artículo 5° de la Ley N° 19.327
amparoDecisión de Fondo

Preguntas frecuentes

¿Procede entregar grabaciones de cámaras de vigilancia municipales ubicadas en la vía pública si se piden por transparencia?

En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió los amparos y ordenó la entrega de copias de las grabaciones, porque al estar en la vía pública la expectativa de privacidad es reducida y los riesgos para los derechos de terceros se estimaron mínimos.

¿Cómo se aplican los principios de máxima divulgación y divisibilidad al pedir imágenes de cámaras de seguridad?

En este caso, el Consejo aplicó ambos principios y concluyó que los riesgos de afectación eran mínimos, por lo que ordenó la entrega de las grabaciones en lugar de negarla por completo.

¿Puede una persona que busca proteger su integridad o iniciar acciones judiciales obtener grabaciones de vigilancia municipal?

En este caso, el Consejo consideró que la reclamante tenía un interés legítimo en proteger su integridad y eventualmente ejercer acciones judiciales, lo que fue un argumento relevante para acoger el amparo.

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